En materia de despido, España tiene establecido un sistema de despido libre en favor de la libertad de los empresarios (salvo los casos de nulidad o atentado a derechos fundamentales), pero con indemnizaciones para los trabajadores.
Hasta hace poco, la indemnización que le correspondía a un trabajador por un despido improcedente estaba clara y se determinaba por imperativo legal:
- Se calcula en base a 33 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades.
- Excepción: Cuando estamos ante un contrato suscrito antes del 12 de febrero de 2012 y sólo para el tiempo trabajado anterior a esa fecha la indemnización se calcula a razón de 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades. Los meses o años posteriores al 12 de febrero de 2012 se indemnizaran a razón de 33 días por año, independientemente de la fecha de firma del contrato.
Ya de forma consolidada en el 2024, se producirá un aumento de litigiosidad en materia de despido, dado que a la forma de cálculo anterior se le debe añadir un nuevo concepto, siempre favorable a aumentar el importe de la indemnización, que es lo que llamamos “indemnización adicional “ en el ámbito del despido improcedente.
El origen de la misma se encuentra en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Social Europea, que establece la necesidad de fijar una indemnización adecuada cuando se haya producido un despido sin razón válida.
Ello ha llevado a que los jueces de lo social complementen el monto indemnizatorio establecido legalmente de forma subjetiva y sin uniformidad para todo el territorio, lo que lleva al terreno de la falta de seguridad jurídica para trabajadores y empresarios.
Esta realidad nos va a llevar a un aumento de la conflictividad, dado que no hay normas seguras que permitan evaluar la corrección de los pactos que evitan los procesos judiciales.
Dado lo dicho, es más que probable que se dicte una nueva regulación en la que se modifique las causas que determinan un despido improcedente y una nueva fórmula de cálculo de la indemnización y su cuantía.
Entre tanto, la conflictividad esta asegurada.